Resumen: Recurre la empresa su condena por despido nulo al considerar que no existe indicio alguno de vulneración de DDFF ni de fraude en la extinción de un contrato de duración determinada. Partiendo de la hermenéutica jurisprudencial de esta clase de contratos y de sus efectos jurídico-laborales cuando se produce una sucesión en los mismos (en conjugada relación con la inversión de la carga probatoria de aportarse indicios de aquella vulneración), advierte la Sala que el trabajador inició durante su vigencia una situación de IT que se preveía de larga duración; habiéndosele comunicado la extinción en el curso de la misma. Desde la significada unidad del vinculo en el desempeño de una actividad que tenía por objeto servicios permanentes (y no los coyunturales asociados a su contratación) y sobre la base de que la nueva empleadora tenía la obligación de subrogarse en la relación litigiosa, confirma la Sala la calificación de nulidad decidida en la instancia en aplicación al caso de los principios informadores de la Ley 15/2022 al no haber acreditado la recurrente (en el contexto de la baja que examina) una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de que el cese obedeciera a causa diferente a esta circunstancia. Conclusión que no se ve enervada por la expiración del término de un contrato sin causa legal de temporalidad y que, por ello, había devenido en indefinido.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el despido de una profesora contratada por la Universitat Politècnica de Catalunya de forma ininterrumpida desde 1993, empleando diversas figuras contractuales (profesora asociada, lectora y agregada interina). El JS apreció fraude en la contratación desde el inicio, lo que llevó a calificar la relación como indefinida no fija y a declarar el despido improcedente, fijando una indemnización propia de esa calificación más salarios de tramitación. La UPC recurrió en suplicación, pero el TSJ confirmó el fallo. Ante el recurso de casación unificadora, el TS examina la indemnización aplicable cuando una trabajadora, declarada indefinida no fija, cesa al cubrirse reglamentariamente la plaza que ocupaba. La Sala recuerda su doctrina consolidada por la cual si el puesto de trabajo se provee mediante un proceso selectivo conforme a la legalidad, la extinción es válida y la indemnización asciende a veinte días de salario por año de servicio no siendo equiparable a un despido improcedente. Además, el Supremo subraya que la prolongación excesiva de la interinidad no conduce automáticamente a la indemnización de 33 días ni a la condena de salarios de tramitación, pues la figura de indefinido no fijo ya ofrece la debida protección contra la temporalidad abusiva. Por tanto, casa parcialmente la sentencia del TSJ, rechaza la indemnización reconocida en instancia y la reduce a la de veinte días, suprimiendo también los salarios de tramitación.
Resumen: Reitera el trabajador-recurrente la nulidad o improcedencia de su despido, asociando la vulneración que denuncia de su derecho a la no discriminación a la advertida circunstancia de que la empresa suspendió la actividad del demandante (como fijo-discontinuo) justo antes del nacimiento de su hijo. Tras a ludir a los principios informadores de este Derecho Fundamental (y su diferencia con el Derecho a la Igualdad) se advierte por la Sala que es inherente a esta clase de contratos que haya cierta discontinuidad en el trabajo (que, en el caso de litis, se vincula a la campaña de fruta que suele durar un año; manteniéndose aquél dos meses más al negociar con la empresa que se alargara su periodo de actividad). Partiendo de la regularidad del contrato suscrito, se rechaza que se hubiera producido la extinción tácita del mismo (que la parte fundamenta en el hecho de no haberse efectuado el llamamiento en el tiempo correspondiente). Según resulta del irrevisado relato judicial de los hechos se advierte que su baja inicial (por 15 dias) lo fue por interrupción de la actividad; procediendo la empresa a comunicarle el nuevo llamamiento, y no fue sino el trabajador quien voluntariamente asume la decisión de no incorporarse; por lo que no concurre una inobservada voluntad de extinguir la relación laboral.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si la Administración tributaria puede, al amparo del artículo 13 de la Ley General Tributaria, directamente recalificar como una reducción de capital con devolución de aportaciones, a los efectos del artículo 33.3.a) de la Ley del IRPF, un conjunto de operaciones consistentes en la adquisición en autocartera de determinados valores representativos del capital de una sociedad y, subsiguientemente, una reducción de capital con amortización de aquellos valores o si, por el contrario, tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 de la Ley General Tributaria.
Resumen: Los actores intervinieron en un proceso de ejecución hipotecaria en que la entidad bancaria ejecutante se adjudicó el inmueble (vivienda) de aquellos. Seguidamente la entidad bancaria suscribió con aquellos un contrato de arrendamiento sobre la vivienda antes propiedad de los ejecutados con duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres años. Ahora los actores instan la nulidad de ese contrato de arrendamiento por ilicitud del objeto y causa toda vez que dicho contrato social solo era viable conforme normativa vigente a aquella data en caso de dación en pago del inmueble, no para las viviendas sobre las que hubiese recaído suspensión de lanzamiento. La acción se desestima pues no se aplica con carácter retroactivo la reforma legal operada después de concertarse el contrato sino que se da validez a dicho arrendamiento por aplicación de la analogía, pues si bien tal situación no estaba reglada en la inicial norma de protección de deudores hipotecarios, el legislador nunca contempló la ocupación gratuita por el deudor hipotecario y estamos en supuesto semejante al contemplado inicialmente que posteriormente tuvo amparo legal dado tratarse de una laguna legal.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda de despido y la petición subsidiaria de reclamación de indemnización por fin de contrato. Contra la sentencia se interpone recurso de Suplicación por la demandante que se desestima. Al la actora se la había reconocido la condición de indefinida no fija venia prestado sus servicios en el SERMAS y habiéndose presentado a una oposición aprobó y se le adjudicó una plaza. La actora presentó un documento solicitando la extinción de la relación laboral por adjudicación de una plaza fija estatutaria. La Sala desestima el recuso pues el actor además de haber desistido voluntariamente en su relación laboral y es integrado por su voluntad propia en el régimen estatutario conserva las condiciones básicas de su relación laboral presta sus servicios en el mismo centro de trabajo, retribución e incluso antigüedad. Siendo el actor quien participa voluntariamente en el concurso obteniendo la plaza e incorporándose a su nuevo puesto de trabajo por lo que la empleadora ( SERMAS) no existiendo por lo tanto motivo para que la se hubiera acudido al despido objetivo por amortización del puesto de trabajo para extinguir la relación laboral de la trabajadora.
Resumen: El caso enjuiciado, al igual que los cientos de ellos son los derivados del conocido caso EREs, en este caso el que afectó a DELPHI en el que se obtuvieron prestaciones derivadas de cotizaciones efectuadas sin prestación de servicios, en este caso simulando cursos de formación. La Sala confirma la sentencia de instancia que no dio validez a contratos de trabajo ficticios por la aplicación del llamado "Dispositivo de Tratamiento Singular" tras el cierre de Delphi S.L.U.
La simulación de la relación laboral impide en todo caso tener en cuenta las cotizaciones efectuadas en dicho periodo, por cuanto ello vulnera lo dispuesto en el art. 136 LGSS, que sólo prevé la inclusión en el ámbito de aplicación del RGSS de las personas que presten servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador, es decir, mediante la existencia de una efectiva y real relación laboral.
Respecto al fraude de Ley y la «confianza legítima» esta queda excluida desde el momento en que el beneficiario, en connivencia con la empresa, contribuyó a que la decisión de reconocerle la prestación se adoptara o aplicara indebidamente, y por tanto se cuestionara su buena fe.
Resumen: Por el juzgado de lo social se aprecia la excepción de incompetencia de jurisdicción por entender que no existe relación laboral entre el trabajador y la empresa demandada y entiende que es competente el orden jurisdiccional civil. Frente a la sentencia se interpone recurso de suplicación por el demandante que se desestima. Así desestima la Sala el motivo de nulidad. Por lo que respecta a los motivos de denuncia jurídica, no se solicitó revisión de hechos , se recuerda por la Sala que se debe de partir de los hechos declarado probados y la valoración de los mismos realizada por el juzgador de instancia. Llegándose a la conclusión que no se trataba de un trabajador sino de la persona que llevaba a cabo el giro de la empresa y decidía como empresario con actos que exceden de la mera administración e incluso disponía de los bienes , lo que implicaría que en ningún caso concurrieran las notas de ajenidad y dependencia propias de toda relación laboral. Se desestima por la sala el recurso y se confirma la sentencia recurrida
Resumen: Instado desahucio por expiración de plazo sobre arrendamiento de vivienda, la sentencia del Juzgado desestima la demanda por fraude de ley al haberse convertido un arrendamiento de vivienda ordinario en uno de temporada. La Audiencia Provincial revoca dicha resolución porque sólo hubo un contrato de arrendamiento de vivienda; la arrendataria expresamente aceptó declararlo extinto al finalizar el plazo y concierta, después, sin solución de continuidad, dos contratos de arrendamiento por temporada con una finalidad expresa que los demandados aceptan, cual era al venta de la vivienda, hasta el punto que acceden a visitas de futuros compradores. Si bien cierto es que el encadenamiento de contratos de arrendamientos por temporada sucesivos se han considerado fraudulentos y convertidos en contratos de arrendamiento puros de vivienda, ello es siempre que no conste la finalidad, el encadenamiento sea duradero en el tiempo y sólo de arrendamiento por temporada, donde pueda demostrarse una intención torticera de perjuicio a los derechos del arrendatario lo que no es el caso presente, estimando la demanda.
Resumen: La trabajadora suscribió con un ayuntamiento un contrato para la formación y aprendizaje de 9 meses de duración, acordándose la aplicación del convenio de oficinas y despachos. Interpuso demanda por despido y reclamación de diferencias salariales. El JS estimó la demanda, declaró el despido improcedente y concedió la opción a la trabajadora en aplicación del convenio colectivo para el personal laboral del ente local. El TSJ confirma la sentencia. Recurre el Ayuntamiento al sostener que no se puede reconocer el derecho de opción a los trabajadores con contratos inferiores a un año. Por la Sala IV se considera que el contrato celebrado era fraudulento, lo que lleva a calificar la relación como indefinida no fija y su extinción como despido improcedente. Asimismo, se valora que la contratación por un periodo de nueve meses y la aplicación de otro convenio tenía como objeto evitar la aplicación del convenio de la entidad y del derecho de opción que contempla. Su actuación fraudulenta no evita la aplicación de la norma que trata de eludir, lo que lleva a reconocer el derecho de opción. Desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina.
